El empleo es unos de los principales vertebradores del desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, pieza clave de la integración social de los individuos y, por tanto, de suma importancia en el establecimiento del orden y la equidad social.
Partiendo de ese principio el trabajo de las Administraciones públicas ha de realizar desde dos líneas fundamentalmente: por una parte, incentivando a las empresas para apoyar la creación de empleo, a través de diversas medidas; y, por otro lado, mejorando la empleabilidad de las personas desempleadas.
Con la mejora de la empleabilidad estamos hablando de aumentar las posibilidades de las personas para encontrar y mantener un empleo de calidad. Básicamente de lo que se trata es de alcanzar una mayor competitividad profesional de la población activa, a través del incremento de sus niveles formativos.
Este esfuerzo se a realizar se debe concretar en, al menos, dos resultados tangibles, observables y medibles:
A) Por un lado, permitirá un mayor ajuste entre la oferta y las actuales necesidades y demandas del tejido productivo en los diferentes ámbitos territoriales y sectoriale
B) Por otro lado, logrará una mayor disposición de las personas desempleadas que no quieran trabajar por cuenta ajena o tengan mayores dificultades en conseguirlo, para crear su propio negocio.
Una de las claves del éxito de la formación, la más importante a mi entender, reside en la capacidad y habilidad para que entre todos y todas, provoquemos el encuentro entre oferta y la demanda. Oferta y demanda han de encontrarse para que el modelo sea realmente eficiente, y uno de los escenarios de encuentros ha de ser los servicios públicos de empleo, la coordinación institucional, el estudio de los desarrollos económicos endógenos y la capacidad de diálogo y acuerdo con los agentes sociales y económicos.
